jueves, 18 de septiembre de 2014

El CIADI dirime demanda de empresa minera contra El Salvador

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, comenzó a escuchar los argumentos finales en una demanda por 300 millones de dólares que una empresa minera internacional interpuso contra el gobierno de El Salvador.  La compañía minera australiana OceanaGold demandó al gobierno salvadoreño en 2009 porque este no […]



Héctor Berríos (centro) y dos habitantes del pueblo salvadoreño de Llano de la Hacienda que luchan contra el proyecto minero de OceanaGold.

Por Carey L. Biron

WASHINGTON, Sep 16 2014 (IPS)

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, comenzó a escuchar los argumentos finales en una demanda por 300 millones de dólares que una empresa minera internacional interpuso contra el gobierno de El Salvador. 
La compañía minera australiana OceanaGold demandó al gobierno salvadoreño en 2009 porque este no le concedió un permiso de extracción de oro pendiente desde 2002. El Salvador basa su argumento en leyes y políticas nacionales destinadas a proteger la salud y el ambiente, y asegura que el proyecto minero pondría en peligro el abastecimiento de agua del país centroamericano."Este proceso minero utilizaría algunas sustancias muy venenosas, como cianuro y arsénico, que destruirían el ambiente. En última instancia, el pueblo sufre las consecuencias”: Eric López. 

El gobierno afirma que OceanaGold no cumplió con los requisitos básicos para obtener el permiso de extracción de oro. Además, desde  2012 El Salvador mantiene la suspensión a todos los proyectos mineros en el país, que podría desembocar en la prohibición definitiva de la actividad en los próximos meses.

Pero OceanaGold utilizó una controvertida disposición del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés) para demandar a El Salvador por más de 300 millones de dólares, el lucro que la empresa asegura habría ganado con la mina de oro.

El caso que dirime el CIADI se desarrolla en Washington, donde el tribunal de arbitraje tiene su sede dentro del Banco Mundial.

“El caso pone en peligro la soberanía y la autodeterminación” del pueblo salvadoreño, afirmó Héctor Berríos, coordinador de MUFRAS-32, una organización integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. “La mayoría de la población se manifestó en contra de este proyecto y le dio prioridad al agua”, declaró el lunes 15 en un comunicado.

OceanaGold emplearía un proceso de lixiviación con cianuro para recuperar pequeñas cantidades de oro que consume enormes cantidades de agua, según sus detractores. El proyecto despertó la ansiedad de la población local ya que, según la Organización de las Naciones Unidas, 90 por ciento del agua superficial de El Salvador está contaminada.

El lunes, un centenar de manifestantes se manifestaron frente al edificio del Banco Mundial en Washington para expresar su solidaridad con El Salvador en su disputa con OceanaGold y su desconfianza ante el proceso del CIADI. Los hechos coincidieron con el día de la independencia salvadoreña.

“Estamos celebrando la independencia, pero lo que realmente celebramos es la dignidad y la capacidad de toda persona, y no solo de unos pocos, a disfrutar de una buena vida”, declaró Eric López, un fraile franciscano de una iglesia de Washington con una considerable grey salvadoreña.

“Este proceso minero utilizaría algunas sustancias muy venenosas, como cianuro y arsénico, que destruirían el ambiente. En última instancia, el pueblo sufre las consecuencias: siguen siendo pobres, están enfermos, las embarazadas sufren”, dijo a IPS en la manifestación.

¿Provocación de disturbios?


La jurisdicción del caso es complicada y, para algunos, subraya lo tenue del proceso de arbitraje del CIADI en torno al proyecto de Salvador.

Otra empresa minera, la canadiense Pacific Rim, fue la que descubrió en 2002 un yacimiento de minerales posiblemente lucrativo en el río Lempa, el más importante de El Salvador. El gobierno salvadoreño de entonces animó a la compañía a solicitar un permiso de extracción, pero la inquietud pública paralizó ese proceso.

Frustrada, Pacific Rim demandó a El Salvador en virtud de una disposición del DR-CAFTA que permite a las empresas demandar a los gobiernos que perjudiquen sus ganancias.
Aunque Canadá no es parte del tratado de libre comercio, Pacific Rim abrió una sucursal en 2009 en Estados Unidos, que sí lo integra.

En 2012, el CIADI dictaminó que la demanda era válida, según la ley de inversiones de El Salvador. Desde entonces, el país modificó la ley para evitar que las empresas eludieran la justicia nacional a favor de tribunales foráneos.

En 2013, OceanaGold compró Pacific Rim, aunque el principal activo de esta era el proyecto minero en El Salvador, que nunca se concretó. Ese año, la empresa señaló que continuaría con el caso de arbitraje mientras buscaba “una solución negociada al… estancamiento del permiso”.
El Salvador afirma que frenó el permiso debido a inquietudes ambientales y sanitarias, pero también por cuestiones de procedimiento. Pacific Rim no habría cumplido con obligaciones de información ni obtenido importantes aprobaciones locales.

Las empresas mineras que operan en El Salvador necesitan un título, o permiso local, para las tierras que pretendan explotar. Pero Pacific Rim solo obtuvo la autorización para acceder a 13 por ciento del territorio en su proyecto, según la organización humanitaria Oxfam America.

Ante esta falta de apoyo popular, en un país con una reciente guerra civil (1980-1992), algunos advierten que un fallo del CIADI favorable a OceanaGold podría desatar la violencia.

“Este proyecto minero reabrió muchas de las heridas de la guerra civil… el sistema de los tribunales existe para permitir que dos intereses se expresen, el gobierno nacional y el inversionista. Pero ninguno toma en cuenta a las comunidades, y ese es un problema fundamental”, sostuvo Lucas Danielson, académico que estudia el conflicto social en torno a la explotación de los recursos naturales.

La desconfianza ante los litigios judiciales


Los tratados de inversión bilaterales y regionales, como el DR-CAFTA, se multiplicaron en los últimos años, y muchos tienen las llamadas cláusulas de arbitraje entre inversionistas y el Estado del tipo que se aplicó en el caso salvadoreño.

El CIADI existe desde los años 60, pero su relevancia creció junto con el número de este tipo de cláusulas, que en la actualidad están incluidas en unos 2.700 tratados internacionales, según el tribunal.

El CIADI no decide cómo resolver las disputas, sino que ofrece un marco para que los casos se presenten ante tres árbitros externos: uno designado por el inversionista, otro por el Estado y el tercero por ambas partes.

Frente a la sede del Banco Mundial el lunes, varios manifestantes expresaron su desconfianza ante el CIADI y señalaron que la experiencia pasada sugiere que el tribunal se inclina por los inversores.

“Este es un proceso a puertas cerradas y eso implica que el tribunal básicamente puede hacer lo que quiera”, advirtió Carla García Zendejas, del Centro de Derecho Ambiental Internacional, una organización independiente de Washington.

“No hay ejemplos de casos en los que este cuerpo haya respondido a favor de las comunidades o  reaccionado frente a la violación de derechos humanos básicos o el impacto ambiental y social”, añadió.

En los últimos años muchos gobiernos, especialmente del Sur en desarrollo, optaron por ceder frente a las presiones de las empresas, según Zendejas, ya que los pleitos son engorrosos y sumamente caros.

“Los gobiernos muestran recelo frente a las demandas y por lo tanto están más dispuestos a ceder y a cambiar sus propias políticas, o ignorarlas, aunque exista oposición de la población”, destacó.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
Fuente:www.tendencias21.net

sábado, 6 de septiembre de 2014

Sanciones y represalias, simplemente inaceptables



 La crisis de Ucrania es un desastre fabricado por los líderes mundiales que han tratado de captar a ese país, ya sea para Europa o para Rusia. Y como las tensiones geopolíticas no disminuyen, las potencias mundiales se apresuran a imponer sanciones con consecuencias no deseadas. Un editorial del diario The Washington Post, “The Snake […] La Plaza de la Independencia en Kiev el lunes 24 de febrero. Tras la revolución, Ucrania enfrenta un difícil camino hacia la integración con la UE. Crédito: Natalia Kravchuk/IPS La Plaza de la Independencia en Kiev el lunes 24 de febrero. Tras la revolución, Ucrania enfrenta un difícil camino hacia la integración con la UE.




INTRODUCCIÓN

A la luz de las diversas investigaciones realizadas en los últimos sesenta años, resulta imperioso a mi entender, que juristas y demás equipos transdisciplinarios comiencen a estudiar las nefastas consecuencias nacidas de un concepto obsoleto: que el "Estado de Naturaleza" de los humanos, es "La Guerra de todos contra todos" hipótesis fundada en otra falacia: "La Maldad y Egoísmo de la Especie Humana". Los últimos estudios no hacen más que confirmar que los humanos no somos ni buenos ni malos, que tanto una civilización puede formar a gente semejante a la Madre Teresa de Calcuta como a Jack el Destripador, para poner los ejemplos más extremos.

Siendo que la relaciones entre humanos y, humanos y el resto de la Naturaleza, un hecho de alta complejidad, la imposición de sanciones con miras a corregir conductas, debe dejar de plantearse unilateralmente desde una hipótesis falsa, y comenzar su análisis desde las condiciones sociales productoras de esas conductas. La cultura occidental que hemos desarrollado, se funda en una mentira: la maldad humana, y en base a ello se atacan las consecuencias de dicha hipótesis, dando como hecho otra falacia: que las propuestas de las relaciones sociales occidentales son las correctas, evitando dar una mirada a la dinámica del sistema en su conjunto, desde donde podríamos ver sin demasiado esfuerzo intelectual, lo que Karl Marx expresó hace más de 150 años: "No es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, antes bien es el ser social lo que determina su conciencia" 

Hoy, podríamos profundizar mejor dicho concepto desde un frente más amplio; por un lado la Naturaleza Humana, y por el otro el contexto social en que se desarrolla. Ellos nos ayudaría a comprender que lo que se debe modificar es la manera de corregir las supuestas desviaciones sociales, atacando las causas de la producción de ciertas prácticas que o bien están en contra de la Naturaleza Humana o bien pautas culturales que crean un fuerte desequilibrio entre la naturaleza humana y las prescripciones.

Entendiendo que las investigaciones jurídicas deben hacerse desde un frente amplio, hoy he elegido este articulo, redactado por Somar Wijayadasa que ayudará a comprender y profundizar lo expresado más arriba          
                                     (Daniel Bidolski, septiembre de 2014)     

Por Somar Wijayadasa

NUEVA YORK, Sep 4 2014 (IPS)

La crisis de Ucrania es un desastre fabricado por los líderes mundiales que han tratado de captar a ese país, ya sea para Europa o para Rusia. Y como las tensiones geopolíticas no disminuyen, las potencias mundiales se apresuran a imponer sanciones con consecuencias no deseadas.

Un editorial del diario The Washington Post, “The Snake Oil Diplomacy: When Tensions Rise, The US Peddles Sanctions” (La diplomacia falsa: cuando aumentan las tensiones, Estados Unidos aplica sanciones), publicado en julio de 1998, señalaba: “Ningún país del mundo aplicó tantas sanciones como Estados Unidos (…) más de 110 veces”.

Históricamente, la Liga de Naciones, su sucesora la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos y la Unión Europea (UE) recurrieron a las sanciones obligatorias como instrumento de fuerza cuando la paz se vio amenazada y los esfuerzos diplomáticos fracasaron. Ningún país del mundo aplicó tantas sanciones como Estados Unidos (...) más de 110 veces”: The Washington Post, julio de 1998.

En la década de los 90, fuimos testigos de la proliferación de sanciones impuestas por la ONU y Estados Unidos contra Cuba, Irán, Iraq, Libia, Liberia, Somalia, Camboya y Haití, por nombrar solo algunos países, y tuvieron consecuencias desastrosas: los poderosos prosperaron mientras los pobres sufrieron.

Unos pocos países, como Irán, Iraq y Corea del Norte, se burlaron de la medida de Estados Unidos porque tenían recursos o la voluntad de sobrevivir. Las sanciones contra China e India no lograron generar un cambio de régimen ni dificultar el crecimiento o entorpecer el dinamismo de la economía.

Pero en la mayoría de los países, en especial en Cuba, Iraq y Haití, las sanciones deterioraron sus sistemas económico, social y de salud.

En algunas ocasiones, las sanciones pretendían el objetivo último de un “cambio de régimen”, una violación a la Carta de la ONU y a las normas básicas del derecho internacional.

Esa práctica artera no tiene nada que ver con la protección de los derechos humanos ni con promover la democracia y la libertad.

Ahora, las sanciones contra Rusia, por la crisis en Ucrania, regresaron como un bumerán. En febrero, las llamadas protestas de Euromaidan terminaron expulsando al presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich. Los misiles de Estados Unidos cerca de Rusia y los esfuerzos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de expandirse hacia los países del Pacto de Varsovia (1955-1991) enfurecieron al presidente ruso Vladimir Putin, cuyo país, además, quedó fuera del Grupo de los Ocho (G-8) países más industrializados. Estados Unidos y la UE impusieron sanciones a Rusia cuando Crimea se le unió tras el referendo que declaró su independencia, basándose en el derecho de las naciones a la autodeterminación, estipulado en el primer artículo de la Carta de la ONU.

El derecho a la “autodeterminación” se aplicó para la escisión de Yugoslavia y Checoslovaquia y cuando varios países pequeños, como Timor Oriental, declararon su independencia. La población del este de Ucrania, 70 por ciento de ascendencia rusa, sintieron que sus derechos fueron violados cuando el gobierno ucraniano prohibió el ruso como lengua oficial. Ellos también invocaron el derecho a la autodeterminación y realizaron un referendo para crear su propio Estado.

Estados Unidos amplió las sanciones después de que el avión de la compañía Malaysian Airlines fuera derribado en el este de Ucrania. Ni la caja negra ni las imágenes satelitales ni las conclusiones de los inspectores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europeas (OSCE) encontraron culpables, a menos que fuera una medida deliberada y premeditada para acusar a uno de los bandos en conflicto.
Además, los gobernantes occidentales alegan que Rusia da armas a los rebeldes en Ucrania. Puede ser cierto, pero, una vez más, Estados Unidos no ofreció ninguna prueba y Putin lo niega. Es lo mismo que con las armas de destrucción masiva de Iraq. Las sanciones adicionales de Estados Unidos y la UE congelaron los bienes de gobernantes rusos, les prohibieron viajar a los países europeos, restringieron las ventas de deuda y de acciones de los bancos rusos en los mercados europeos y apuntaron a los sectores de defensa, energía y economía, por nombrar solo algunos.

El 7 de agosto, Rusia respondió de forma radical a las sanciones occidentales prohibiendo por un año las importaciones de carne vacuna, de puerco, pollo, pescado, quesos, productos lácteos y frutas y verduras de la UE, Estados Unidos, Australia, Canadá y Noruega. El ministro de agricultura ruso Nikolai Fyodorov explicó: “Ahora tenemos la oportunidad única de mejorar nuestra agricultura y hacerla más competitiva”. Y añadió que Rusia ya había identificado países no occidentales para comprar los productos prohibidos y que confiaba en que la población utilizaría los alimentos disponibles en el mercado local.

Por lo que escuchamos, el crecimiento europeo disminuyó e incluso algunos países caen en recesión. Los inversores estadounidenses retiraron unos 4.000 millones de dólares de las bolsas europeas, los agricultores europeos y los pescadores noruegos se vieron perjudicados y la UE reservó 167 millones de dólares para compensar a los productores por la pérdida de ingresos. Además, las compañías de transporte de carga que iban a Rusia dejaron de trabajar.

Es difícil predecir cómo este tira y afloja afectará a Rusia y a las economías occidentales, aunque el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ya dijo que las sanciones afectaron más a Occidente que lo que perjudicaron a Rusia. “En política, esto se llama ‘el tiro por la culata’”, señaló. Además, aumenta el sufrimiento humano. La ONU indicó que la guerra en Ucrania dejó más de 2.500 personas muertas y casi 5.000 heridas.

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), unos 730.000 habitantes del este de Ucrania huyeron a Rusia. El gobierno ucraniano reconoce que hay 300.000 desplazados internos. La Carta de la ONU y el derecho internacional ofrecen alternativas para la resolución de conflictos entre los estados mediante negociaciones basadas en el respeto mutuo de la independencia y la soberanía del otro y la no interferencia en sus respectivos asuntos internos. El desastre podría evitarse solo si los gobernantes, sedientos de poder, renunciaran a su arrogancia e intervencionismo y ayudaran a Ucrania a volverse una nación próspera, pero neutral, entre la Europa occidental y Rusia. De lo contrario, su partición será inevitable.

Traducido por Verónica Firme

FUENTE: www.tendencias21.net